Originally, three individuals living with HIV brought action against Hospital Simón Bolívar and the District’s Secretary of Health for the Hospital’s refusal to provide them with the necessary medications and treatment for their condition upon petitioners’ inability to afford payment of the medications and services. The petitioners claimed violations of their rights to health, life and social security and requested the Court to order the District’s Secretary of Health and the Hospital to provide, at no cost to the petitioners, the necessary medications for their treatment and any services they may need in relation to their condition. However, in process, two of the three individuals’ actions were withdrawn because they began to receive care. The remaining petitioner belonged to an unsubsidized insurance plan (ARS Salud Norte) that was not affiliated with Hospital Simón Bolívar. He therefore would have to assume the required co-payments for the urgent services that he received, which he could not afford. Because his insurance owed money to the hospital, the hospital was only providing immediate care to the insurance’s affiliated patients in need of urgent care and therefore denied the medications and other necessary exams to the petitioner. ARS Salud Norte had offered him care by providers within the plan, but his family rejected the offer, preferring that petitioner be treated by the doctor at the Hospital Simón Bolívar.
The lower courts denied protection, finding that that Hospital Simón Bolívar did provide the petitioner the necessary services, treatment and medications and that ARS Salud Norte was responsible for providing the needed follow up services. However, the fact that petitioner did not receive the medications was not due to ARS Salud Norte’s negligence, but to his family’s decision to deny care from providers within the plan.
The Court found no clear violation of the right to health in relation to the remaining petitioner's life given that the delay in the provision of medications did not pose a threat to his life and that he did receive treatment from the hospital. Therefore, there was no need for the Court to protect his right to life. However, considering the socio-economic status of the petitioner, the Court found a violation of the right to equal protection, ordering the hospital to work with the Secretary of Health of Bogota and conduct a new eligibility assessment for the petitioner under the subsidized healthcare program (SISBEN).
The Court held that in cases where individuals are unable to afford payments imposed by legislation for certain urgent treatment without which the rights to health and life would be threatened, fundamental rights prevail over any other legal consideration. Upon proven "urgencies and pathologies," there exists no legal norm that would counterbalance the failure to provide a healthcare services because life comes before legality as the foundation of the entire system.
The Court also explained that it did not have administrative competence to reclassify the socio-economic level of the healthcare recipient in order to include him/her as beneficiary of the subsidized healthcare program. However, the Court recognized that it could not ignore that the system used to define the most vulnerable and poorest population group had faults and that these could amount to a violation of the right to equal protection and effective respect for the persons who are unable to pay for healthcare services and are excluded from benefits because they do not fall under the appropriate levels of SISBEN.
"[S]i el objetivo de la acción de tutela es la protección efectiva e inmediata de los derechos fundamentales cuando estos se encuentren vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o de un particular en los casos expresamente señalados en la ley, cuando el hecho puesto en consideración de los jueces de tutela se encuentra superado, se hace improcedente la orden que el juez constitucional pueda proferir en el asunto del que se trata." P. 7.
"En casos como el presente, cuando las personas no tienen el dinero suficiente para cubrir las cuotas moderadoras, copagos, o no han completado las semanas mínimas de cotización prescritas en la legislación para acceder a ciertos tratamientos, y éstos se requieren con urgencia por que de lo contrario se verían afectos derechos como la vida y la salud en conexidad, la Corte ha dado prevalencia a los derechos fundamentales sobre cualquier otra consideración legal, sosteniendo que ante urgencias y patologías comprobadas no existe norma legal que ampare la negativa de prestar un servicio de salud, porque por encima de la legalidad, está la vida como fundamento de todo el sistema.
"Igualmente se ha sostenido, que 'El cobro de las cuotas moderadoras tendrá que sujetarse a la condición de que con éste nunca se impida a las personas el acceso a los servicios de salud; de tal forma que, si el usuario del servicio -afiliado cotizante o sus beneficiarios- al momento de requerirlo no dispone de los recursos económicos para cancelarlas o controvierte la validez de su exigencia, 'el Sistema y sus funcionarios no le pueden negar la prestación íntegra y adecuada de los servicios médicos, hospitalarios, quirúrgicos, asistenciales y de medicamentos que requiera, sin perjuicio de los cobros posteriores con arreglo a las normas vigentes' (Sentencia C-.542 de 1998)." P. 8.
"Y más recientemente, en sentencia 1056 de 2001, la Corte recordó que por 'disposición legal podrán aplicarse copagos a todos los servicios contenidos en el Plan Obligatorio de Salud, con excepción, entre otros, de las enfermedades catastróficas o del alto costo, de modo que si el VIH SIDA es una enfermedad de este tipo, la atención que se requiere en razón de la misma no esta sujeta a copago. Y, de otra parte, también por disposición legal (artículo 12, parágrafo 2 del Acuerdo 30 de 11996) el cobro de cuotas moderadoras no puede suprimirse totalmente en ningún caso'
En el presente caso se observa, que no existe vulneración clara del derecho a la salud en conexidad con la vida del demandante, ante la omisión del ente accionado, quien por afirmación del propio tutelante, ha prestado los servicios en debida forma, con alguna dilación que no alcanza a poner en riesgo su salud y su vida. Por lo anterior, no encuentra la Sala razón para proteger el derecho a la vida del demandante." P. 9.
"Como lo tiene entendido la jurisprudencia, no puede la Corte atribuirse competencias administrativas y proceder desde esta sede, a reclasificar el nivel socioeconómico del enfermo, con el fin de incluirlo como beneficiario del régimen subsidiado, pero tampoco puede desconocer que el sistema para determinar el grupo de población más pobre y vulnerable del país tiene deficiencias y que éstas pueden generar en violación del derecho a la igualdad real y efectiva respecto de las personas que sin tener capacidad de pago de los servicios de salud, se ven excluidas de tal beneficio porque no fueron clasificadas en los niveles 1 y 2 del Sisben." P.9.
"Por lo anterior, se negará la protección del derecho a la salud, pero se concederá la tutela por el derecho a la igualdad, ordenando al Hospital accionado que en coordinación con la Secretaría de Salud de Bogotá, efectúe una nueva encuesta SISBEN, al señor Carlos Usma Lemus, y se le informe, si de acuerdo con el resultado obtenido, tiene derecho a beneficiarse del régimen subsidiado de salud." P.9.
